La progresiva conflictividad asociada a proyectos eléctricos trajo aparejado un aumento en los plazos de ejecución de las inversiones del sector, produciéndose un atraso en la entrada en operación de importantes proyectos de la infraestructura eléctrica, con los consecuentes riesgos desde la perspectiva de la seguridad de nuestra matriz. De esta manera, hoy enfrentamos un escenario de permanente judicialización en materias eléctricas, con la consiguiente incertidumbre tanto para los inversionistas del sector como para la ciudadanía.

Todos los antecedentes antes expuestos nos han llevado a la conclusión que resulta imperativo enfocar nuestros esfuerzos y trabajar arduamente para contar con un plan de acción que se haga cargo de los diversos desafíos que este sector nos presenta en el mediano y largo plazo, sin descuidar los retos que nos plantea la contingencia, los que deben enfrentarse oportunamente. En esta línea, resulta una prioridad trabajar de la mano con el Ministerio de Medioambiente con el objeto de revisar los procesos y los instrumentos de política ambiental vigentes en la materia, con miras a integrar nuevos parámetros, incorporar mayor información sobre las posibilidades reales de desarrollo eléctrico, los costos implicados y sus impactos, y profundizar las instancias de diálogo y los antecedentes que se ponen a disposición de la ciudadanía. Lo anterior, permitirá perfeccionar la gestión ambiental del sector, mejorar las decisiones de localización de los proyectos, proteger nuestro patrimonio ambiental, generar debates informados y brindar una mayor certeza jurídica a los procesos de aprobación. (p. 11)