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Contexto nacional

El conflicto del Parque Eólico Chiloé no es una excepción en el país. Recientemente dos comisiones han denunciado la falta de definición de áreas para los proyectos energéticos y los conflictos medioambientales que esto genera.  La Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico fue convocada por el Presidente Piñera y presentó sus resultados en noviembre de 2011. La Comisión Ciudadana-Técnico-Parlamentaria para la Política y la Matriz Eléctrica (CCTP) presentó su documento titulado "Chile necesita una gran reforma energética" en octubre de 2011. 

Como colofón se presentan algunos párrafos que trae la "Estrategia Nacional de la Energía 2012-2030" sobre el medioambiente. Esta estrategia fue presentada por el Ministro de Energía, Rodrigo Alvarez, el 28 de febrero de 2012, en una ceremonia encabezada por el Presidente Sebastián Piñera.

Otro hito importante en la materia es el discurso del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la Cena Anual de la Energía el 12 de enero de 2012. Pone énfasis en la planificación territorial que lleva adelante el Ministerio de Bienes Nacionales (octavo pilar) y que comenzó el 26 de agosto de 2010: "El caso de Barrancones demuestra que nuestra legislación ambiental requiere perfeccionamiento. Y por eso he instruido a la ministra de Bienes Nacionales para hacer un proceso de planificación territorial, de forma tal de pensar con la cabeza  y establecer cuáles son las áreas aptas para centrales eléctricas y cuáles son las áreas que deben ser siempre protegidas para que sean Santuario de la Naturaleza." (Sebastián Piñera - Recogido en la Cuenta Pública Ministerial 2010).

Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE)

Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico
En lo que respecta a localización, si el sistema de áreas protegidas cubriera efectivamente todas aquellas áreas que ameritan excluirse de actividades económicas de alta intervención en el medio, se reduciría el conflicto sector eléctrico-medio ambiente, dado que los límites estarían claros para el inversionista. Sin embargo, la alta dispersión en las atribuciones sobre las áreas protegidas, unido al bajo presupuesto asignado a dicha protección ha llevado a una situación en que en algunas zonas una alta proporción del territorio está bajo protección, mientras que en otras esta protección es escasa. Como resultado, al momento de analizarse proyectos que de acuerdo a la legislación no infringirían las normas, se producen conflictos porque en realidad existen valores a preservar no explícitamente considerados (especies no evaluadas o valores turísticos, entre otros) lo que es reclamado por comunidades locales y organizaciones dedicadas a la conservación.

La falta de claridad en cuanto a las áreas que deben quedar excluidas de intervención con el objeto de preservar ecosistemas y especies de alto interés para la biodiversidad, es causa de incertidumbre para el desarrollo de capacidad de generación y también para la expansión de la transmisión. La mayor parte de los casos en que se produce conflicto en torno a proyectos eléctricos son situaciones en que no existen áreas declaradas protegidas a pesar de la existencia de especies en categorías de conservación o los proyectos se encuentran fuera de los límites de áreas protegidas pero se discute la justificación de los límites establecidos, o los proyectos se encuentran en zonas que no se han considerado criterios como valor turístico o competencia con otras actividades productivas.

Ministerio de Energía
A esta incertidumbre debe agregarse la existencia de 338 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad que han sido declarados por las autoridades ambientales regionales (COREMAS) de la antigua administración (CONAMA) y que no tienen ningún estatus legal de protección.

(pp. 126-127)
Comisión Ciudadana-Técnico-Parlamentaria para la Política y la Matriz Eléctrica (CCTP)

Chile necesita una gran reforma energética
Proyectos de alta conflictividad, como Alto Maipo y Los Robles (ambos aprobado en 2009 y aun sin construir); o Castilla (aprobado en febrero de 2011), e HidroAysen (aprobado en mayo de 2011); pero también la oposición local a proyectos ERNC, geotérmicos y eólicos proyectados en territorios indígenas y centros de actividad turística, dejan en claro que en Chile no solo no opera la política de desarrollo eléctrico, sino tampoco existen instrumentos regulatorios que permitan ordenar el territorio, considerando compatibilidad y no competencia en el emplazamiento de los proyectos energéticos con los asentamientos humanos y otras actividades económicas.

Asimismo, la debilidad de la institucionalidad ambiental, denunciada permanentemente por los afectados de proyectos invasivos, ha quedado de manifiesto en la aprobación irregular de muchos de los proyectos nombrados anteriormente, lo que está acreditado en el informe de la Comisión Investigadora de las COREMA ,establecida por la Cámara de Diputados, y que se dio a conocer el año 2010.

Actualmente los conflictos ambientales se han judicializado y los chilenos, cada vez más frecuentemente, salen a las calles a protestar en contra de un desarrollo eléctrico que consideran injusto y que vulnera sus derechos. Ello pone en evidencia que los grandes capitales son los que definen cómo, cuándo y dónde instalarse o expandirse; y que los gobiernos utilizan la institucionalidad y los instrumentos públicos para facilitar dicha instalación. Prueba de ello es la intervención del Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI) en 56 proyectos; hecho que ha sido cuestionado por la Contraloría General de la República. (Entre ellos se encuentra el Parque Eólico Chiloé)

Los conflictos vinculados a proyectos emplazados en territorio indígena, también evidencian un grave déficit de legalidad en Chile y muestran la urgencia de considerar y aplicar los instrumentos internacionales, vinculantes o indicativos, que resguardan los derechos colectivos de las comunidades. Chile debe dar pleno reconocimiento a los derechos territoriales y participatorios reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); ello implica adecuación de las leyes sectoriales (Ley Concesiones Eléctricas, Ley de Concesiones Geotérmicas, etc.) y la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente y su Reglamento, a los estándares fijados por dicho instrumento. Junto a ello, es fundamental la participación y consulta a los pueblos indígenas en todos los casos de modificaciones legislativas, políticas, planes y programas de desarrollo sectorial que puedan afectarlos; así como el pleno reconocimiento de la propiedad ancestral de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, y particularmente las aguas en sus territorios.  (pp. 97-99)

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