Opiniones

El desarrollo en su lugar: Chiloé y el puente

publicado a la‎(s)‎ 12 may. 2014 14:06 por Javier de la Calle

(10-05-2014) La aprobación de la única oferta técnica presentada ante el Ministerio de Obras Públicas para la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao, me ha lleva a compartir con ustedes la siguiente reflexión, respecto a la necesidad de priorizar inversiones que efectivamente favorezcan un desarrollo territorial sustentable en y para el archipiélago.
 
El desarrollo de los espacios regionales y locales, debiese ser una prioridad en nuestro país, dados los profundos desequilibrios territoriales actuales, es decir, la inequidad en la distribución espacial de las oportunidades de desarrollo humano. Reflejo de esta inequidad espacial es Santiago, metrópoli-capital nacional que concentra las  oportunidades de empleo, recursos estatales y privados, cuya concentración de la mayoría de las inversiones ha menoscabado las oportunidades de desarrollo de otras regiones y ciudades; esta situación se proyecta a otras escalas: a escala regional, las capitales regionales concentran la inversión y oportunidades de la región, generando un despoblamiento rural y un debilitamiento de las ciudades intermedias.

A escala comunal resulta también elocuente cómo las capitales comunales concentran gran parte de los fondos públicos y privados, quedando los pequeños villorrios y otras localidades menores resignadas a niveles de desarrollo ostensiblemente inferiores. Este desequilibrio a escala nacional, regional y local, es la proyección espacial de un país centralista en diversos ámbitos, donde las decisiones sobre el desarrollo son injustas e inequitativas, influenciadas por  inversionistas cuyas casas matrices están en las grandes urbes y donde las autoridades regionales vienen principalmente desde Santiago, sumado al hecho de que una parte importante de la ciudadanía no aboga por el desarrollo de sus propios lugares, acrecentado el centralismo y  postergando a los territorios periféricos y, en nuestro caso, el archipiélago más importante de Chile.

Pues bien, cabe preguntarse: ¿cómo la decisión de construir un puente disminuirá los desequilibrios territoriales de la región de los Lagos?, ¿cómo el puente podría ayudar a generar desarrollo local sustentable?, ¿cómo esta obra puede hacer de nuestro archipiélago un lugar más autónomo en decisiones y con mayores oportunidades para lograr un desarrollo humano pertinente a nuestro contexto territorial?

Recordemos que la decisión de construir el puente responde a un anhelo continental y no insular; las oportunidades de desarrollo local deberían ser decididas con presupuestos participativos y no impositivos desde cúpulas centralistas que no conocen nuestras necesidades y prioridades de forma directa, sino que por intermediarios.

Las necesidades urgentes del archipiélago apuntan a generar una conectividad interna donde se refuercen la frecuencia, rapidez y calidad de los servicios de transporte marítimo, terrestre y aéreo a las 40 islas del mar interior, y los sectores rurales de la isla grande, fortaleciendo las servicios de rondas médicas con más embarcaciones dotadas para estos fines o con la dotación permanente de más profesionales de salud en dichas islas, el aumento en la inversión e incentivos a los profesionales de la salud con especialización médica para fomentar su llegada y/o retención en el archipiélago, la construcción de un hospital base como el de Puerto Montt (cuyo costo asciende a los 180 millones de dólares , es decir, un cuarto del costo del puente de Chacao), y la dotación de Agua potable rural (150 APR costarían un séptimo del valor del puente de Chacao).

También la electrificación de las islas del mar interior, las mejoras de las rampas (cada una cuesta aproximadamente un millón de dólares), la preservación de la naturaleza mediante la ampliación del Parque Nacional Chiloé (el Parque Tantauco costó 6 millones de dólares), la mantención de nuestro patrimonio cultural inmaterial  también es una necesidad a fortalecer desde el sistema educativo y la recuperación y puesta en valor del patrimonio material, por ejemplo, recuperando viviendas centenarias, mejorando los museos y manteniendo también las iglesias que no son patrimonio de la humanidad pero sí son patrimonio local (la restauración de una iglesia patrimonial cuesta un millón de dólares aproximadamente), la creación de una Universidad en Chiloé de alta calidad, pública, laica y gratuita, ya que las familias de los estudiantes chilotes que cruzan Chacao incurren en costos muy superiores respecto a los estudiantes del continente. Estas intervenciones podrían incrementar los niveles de desarrollo local y disminuir los niveles de inequidad espacial que nos afectan, priorizando y resolviendo las necesidades desde y para el archipiélago, en pos de disminuir el centralismo y la dependencia en la toma de decisiones.

Además,  hay que agregar la necesidad de diversificar y regular los rubros productivos de Chiloé: fortalecer la pesca artesanal, la pequeña ganadería y agricultura, fortalecer los diferentes tipos de turismo y donde los beneficiados sean de la población local, avanzar hacia la independencia y autonomía energética, favorecer la capacitación en técnicas de conservación, manejo y uso sustentable de recursos naturales (bosque nativo, recursos bentónicos, pesqueros, pompón, entre otros), en el marco de un Plan provincial de ordenamiento territorial, que regule los usos preferentes del espacio, en su dimensión terrestre y marina.

Estas propuestas en conjunto pueden tener un valor igual o inferior al puente (700 millones de dólares), por ejemplo, que con una inversión de 200 millones de dólares en un parque eólico, localizado en un área de baja sensibilidad ambiental, el archipiélago podría generar su propia energía (autonomía energética) y no exportarla masivamente (recordemos que ya hay tres proyectos eólicos aprobados y 2 más en calificación), como se ha optado hasta ahora, localizando estos gigantescos proyectos en áreas de alta sensibilidad ambiental.

Generar un desarrollo humano y territorial para Chiloé, siendo realista y oportuno, pasa por generar propuestas que sirvan a los intereses del archipiélago y no al revés (como, por ejemplo, el llegar más rápido al hospital de Puerto Montt), ya que si es por reducir el tiempo de espera podemos proponer: 1) el aumento en el número de rampas en Chacao, 2) construir una tercera vía en la Ruta 5 sin concesión, 3) llamar a licitación para incorporar nuevos transbordadores dotados de tecnologías de punta, 4) servicios de transporte marítimo  con tiempos de espera estandarizados, 5) un subsidio a los habitantes de Chiloé que disminuyan los costos del transbordo (subsidio territorial a la insularidad), sin duda estas medidas reducirían los tiempos de desplazamiento y el costo de ellas sería menor al del puente, destinándose estos recursos en inversiones que apunten a favorecer un desarrollo territorial local, para que el archipiélago sea el protagonista de su desarrollo y no espectador de un  futuro decidido por intereses externos cortoplacistas.

Un puente incrementa nuestra dependencia, no resuelve ni fortalece nuestras posibilidades de desarrollo territorial local, por cuanto no garantiza la concreción de iniciativas que favorezcan el desarrollo humano en el archipiélago y el progreso sirve si es aquí, no para ir a otro lugar a buscar las oportunidades que no están en nuestro terruño.

Nuestro futuro debe construirse sobre la base de consensos, debates de ideas y propuestas, no por la imposición de argumentos sustentados en clichés como  “puente = progreso = conectividad”, el progreso del archipiélago pasa por la capacidad de generar condiciones y oportunidades para el desarrollo de sus habitantes en condiciones de insularidad y sustentabilidad, es decir, de renovabilidad de las condiciones que lo sustentan: progreso no es saqueo de los recursos que hay hoy y carencia para los chilotes del mañana, progreso es velar por que nuestro archipiélago tenga las condiciones de desarrollo aquí, ahora y en el futuro… Progreso es pensar y hacer de Chiloé un mejor lugar para vivir desde sus potencialidades y para sus habitantes. No dejemos que otros decidan por nosotros sobre nuestras prioridades, seamos protagonistas activos de nuestro propio desarrollo, siendo un ejemplo para otros territorios de Chile que ya están abogando por un mayor equilibrio territorial en las inversiones, por la sustentabilidad de las actividades en sus territorios, y por la democratización de las decisiones regionales-locales.

Publicado por Álvaro Montaña en El Mostrador.

La construcción del parque Eólico en Chiloé: ¿quién gana?

publicado a la‎(s)‎ 4 jul. 2013 19:52 por Javier de la Calle

Parque eólico
(02-07-2013) Cuando se construye un Parque Eólico, se habla de energía limpia, no contaminante, el Parque Eólico Chiloé en Mar Brava no es la excepción, en materia medioambiental, ¿será este un ambiente limpio de contaminación visual?, kilómetros de playa virgen y centro turístico reconocido internacionalmente.
Da la impresión que este Proyecto se genero, solo con la velocidad del viento, y sin mayores argumentos, se llega a la zona escogida, planteando el arriendo de terrenos, donde el que firma no tiene opción a retractarse a pesar de ser dueño, dentro de la propiedad la ubicación de las estructuras quedan a plena disposición de la empresa ejecutante.

Se aprovechan sectores de playa con escasa vegetación y abundantes dunas, ¿Quién limita la ocupación de estos sectores?, además en muchos casos, a pesar de tener propiedades en esa zona no fueron consultados, entre ellos, Españoles, Franceses, Norteamericanos, y Chilotes, instalados por ejemplo en la zona de Piedra Run. Entonces donde esta la comunicación, se les consulto, solo aquellos que aceptaron y no visualizan el daño ecológico, donde algunos solo vieron la oportunidad de una transacción económica.

Que gana Chiloé, aparte de iluminar alguna zona acordada con el Municipio de Ancud, nada, ¿porque?, toda la energía será vendida al "sistema interconectado central", o sea cuando haya una corte eléctrico central, no se tendrá luz, a pesar que la generación es en Chiloé.

El 1 de Agosto 2011, fue aprobado el Proyecto del Parque Eólico Chiloé, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de los Lagos, y a pesar de la oposición de diferentes agrupaciones que viven y hacen sus actividades en el sector, turismo, pesca, estudiosos de la fauna, comunidades Indígenas, pobladores, etc.
El 23 de Marzo 2012 este proyecto fue paralizado por la Corte Suprema, indicando que se tenía que presentar un Estudio de Impacto Ambiental, además de consultas a la comunidad Indígena Antu Lafquen, sector Huentetique, comuna de Ancud, como indica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que al parecer estaría en proceso, para una nueva presentación al organismo ambiental Regional. De igual manera en gran parte del sector, correr este Parque Eólico más al interior, era una inquietud por parte de los oponentes, pero al parecer la Empresa no desea hacer grandes gastos.

No es que haya oposición a dicha energía, el punto es ¿donde se ubican las torres?, el viento sopla fácil y económico, en perjuicio de gran parte de las comunidades del sector y lógicamente del Turismo.

Existen diversas organizaciones sociales y de entidades dedicadas al medioambiente, quienes han sido los principales estudiosos y amparándose en aspectos legales, lograron llegar a una resolución judicial, no es menor aclarar que muchas de las personas que compraron en el entorno al sector de Mar Brava con fines netamente Turísticos, también se han opuesto a dicho proyecto, siempre pensando en la vista hacia la playa y su entorno marino, aves, flora, entre otros.

Además que el camino desde cruce Quetalmahue hacia Cocotue en la Comuna de Ancud se esta terminando de asfaltar camino básico del Plan Chiloé, donde se incluye el camino hacia el sector Turístico de Puñihuil denominado Las Pinguineras, convirtiéndose en un lugar apetecido por visitantes Chilenos y Extranjeros desde hace muchos años, ahora con el camino expedito, su afluencia al sector será mayor, incluida la Playa Mar Brava con accesos en tres puntos.

Como conclusión y teniendo los antecedentes generales, la Empresa esta con interés en invertir, el Gobierno quiere que se tenga mayor capacidad de energía a la matriz central, la comunidad Indígena quiere saber del Proyecto, los ecologistas resguardan la flora y fauna y la comunidad quiere mantener el entorno natural existente, y uno que otro prefieren tener unos pesos por arriendo, así y todo esperaremos que decide la Autoridad Regional, y las organizaciones alerta a los próximos pasos.
 
Julio Candia Barrientos
Presidente Cámara Comercio Castro

Primera declaración de este sitio web

publicado a la‎(s)‎ 14 nov. 2012 11:43 por Javier de la Calle

(14-11-2012) Este sitio web estuvo encabezado desde su inicio hasta noviembre de 2012 por el siguiente texto:

No estamos en contra de los aerogeneradores que son la fuente de energía del futuro.

Estamos en contra de que se coloquen diciendo que no afectan a las personas, al paisaje, a la fauna, a los yacimientos arqueológicos, etc. desconociendo la realidad local. 

Eso es lo que está haciendo la empresa Ecopower con su proyecto "Parque Eólico Chiloé", 56 torres eólicas que construiría en el sector de Mar Brava y Quilo en la Comuna de Ancud al norte de la Isla Grande de Chiloé.

Aquí puedes ver los antecedentes que presenta la empresa para no hacer el Estudio de Impacto Ambiental.  En ellos afirma que "no se generará intervención a zonas con valor paisajístico y/o turístico" y que "no se localiza cercano a poblaciones, recursos ni áreas protegidas".

Se construirán muchos parques eólicos en Chile en los próximos años y especialmente en Chiloé. Uno ha sido aprobado en Dalcahue y otros dos están planificados para el sector de Pumanzano (Parque Eólico Ancud) y para Guabún (Parque Eólico Pacifico) además de otras noticias; tenemos que seleccionar bien los lugares ya que el viento es abundante.

Pedimos la reubicación del Parque Eólico Chiloé. 

El desafío estratégico de la conservación de la biodiversidad en Chile

publicado a la‎(s)‎ 1 nov. 2012 12:38 por Javier de la Calle

(31-10-12) Un trabajo realizado por la institución ecologista y que publicamos en extenso, plantea que esta reflexión conlleva un gran desafío, "que pasa primero por entender y reconocer la importancia de la diversidad biológica, una tarea pendiente para la humanidad, que parece no valorar todos aquellos beneficios que a diario la naturaleza nos entrega, aquellos servicios que son vitales para el desarrollo de las economías, las comunidades y la vida".

(Análisis de la Fundación Terram) El concepto de diversidad biológica está definido por el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (CDB) como: “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos que forman parte de ellos; comprende también la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas”. Es decir, la diversidad biológica es la variedad de seres vivos existentes en el planeta, la que comprende  ecosistemas, especies y genes.

Pese a la relevancia de la biodiversidad, pocos entienden lo que significa y menos aún lo que implica; todo parece indicar que no nos damos cuenta de la importancia que tiene el mantenimiento o la conservación de la biodiversidad para sostener los equilibrios en la naturaleza y, en definitiva, garantizar la sobrevivencia de la especie humana sobre el planeta. En efecto, parece ser que no vemos la estrecha relación existente entre la biodiversidad o las diversas formas de vida y el bienestar humano, la relación entre ecosistemas y el bienestar de las economías y de las ciudades, a pesar de que los grandes instituciones del mundo, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), da cuenta de la importancia crítica de asegurar y mantener el bienestar de la población y de las economías.

El hito que inicia la incorporación del concepto de biodiversidad en las instancias de decisión pública de muchos países es la suscripción y posterior ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica que se adoptó en la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro el año 1992, y de la cual este año se conmemoran 20 años. Nuestro país asistió a dicha  Cumbre y suscribió el Convenio de la Biodiversidad, que fue luego ratificado el año 1994. Con la adhesión a este acuerdo, Chile se incorpora formalmente a la preocupación mundial por la pérdida de la diversidad biológica establecida en la Cumbre de la Tierra. Otra manifestación de Chile por ponerse al día en temáticas ambientales, fue la promulgación el año 1994 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Según señala en sus conclusiones el Informe sobre la Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile realizada por la OCDE y dado a conocer en el 2005, “la protección de la naturaleza en Chile no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica del país. No hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación” (Informe sobre la Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile, Capítulo Nº 4, Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad Biológica, página 101).

Transcurridos siete años de la evaluación de la OCDE a nuestro desempeño ambiental, el panorama no se ha modificado favorablemente. Seguimos sin contar con una institucionalidad especializada y las competencias están dispersas en muchos servicios públicos; además a la fecha no tenemos una ley de protección de la biodiversidad y/o naturaleza, lo cual nos pone en desventaja en relación a otros países de la región.

A nivel global, la pérdida de la biodiversidad es tangible, según la última actualización de la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas, publicada el 19 de junio 2012 —en la víspera de la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro, Brasil entre el 20 y 22 de junio 2012— establece que de las 63.837 especies evaluadas, 19.817 están en peligro de extinción, incluyendo el 41 % de anfibios, el 33 % de los corales formadores de arrecifes, el 25 % de los mamíferos, el 13 % de las aves y el 30 % de las coníferas.

Según argumentan entendidos en el tema, estas elocuentes cifras han detonado una crisis global, “producto de la falta de conservación y de la mala gestión en la conservación de la biodiversidad, estamos en presencia de una crisis importante, nos damos cuenta de la existencia de la biodiversidad cuando se pierde y muchas veces es muy tarde para la recuperación”, explica Bárbara Saavedra, presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL), quien agrega que muchos por desconocimiento no ven aún esta crisis que ya entrega importantes señales, como la sequía por la que atraviesan varias zonas del país, en gran medida causada por la mala gestión en la biodiversidad vegetal que protege las cuencas y recupera naturalmente los acuíferos. “No sólo se trata de tener buena gestión de los derechos de agua sino de preservar efectivamente el recurso. Lo mismo ocurre en el sector pesquero, no se trata de tener claridad en las cuotas de pesca asignadas, sino en preservar las especies marinas existentes”, precisa Saavedra.

En 1980, la Estrategia Mundial para la Conservación definió el término Conservación como: “la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal manera que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones” (IUCN/PNUMA/WWF, 1980). Lamentablemente, el desconocimiento en materia de conservación de la biodiversidad, incluida la gestión de la misma, es un problema no sólo de Chile, sino que es quizás uno de los desafíos más grande que tiene la humanidad, lo que genera oportunidades para implementar mejoras y cambios. Más aún si Chile quiere dar cumplimiento a los Objetivos del Milenio propuestos por la ONU para el 2015, que señalan la intención de “haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica”. Un desafío para el país, ya que según el Informe del Estado del Medio Ambiente 2011 del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, publicado en junio de 2012, Chile carece de información suficiente respecto al estado de su biodiversidad, ya sea de especies o de ecosistemas.

Esto debería impulsar a la autoridad a actuar, generando mayor sistematización de información dispersa, así como incentivos para que los científicos completen información básica hoy inexistente. Es evidente que sin información no se pueden tomar decisiones y por tanto, lo que corresponde es aplicar el “principio precautorio”, definido en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, si no hay información suficiente los gobiernos no deben permitir actividades que pueden dañar en forma grave o irreversible la naturaleza.

Servicios Ecosistémicos

A diario todos disfrutamos de los servicios ecosistémicos que nos entrega la naturaleza y dependemos de ellos. Por ejemplo, los ecosistemas nos proveen de agua y alimento, regulan el clima para la vida, nos entregan paisajes para desarrollar en ellos actividades de recreación al aire libre. Toda esta entrega y disfrute es posible porque hay una variedad de ecosistemas que sostienen estos servicios. Los servicios ecosistémicos han sido definidos en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) como “los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas sean económicos o culturales”.

Aunque no tengamos conciencia de ello, en la base de todos los sistemas productivos están los ecosistemas; todas las formas de producción dependen en mayor o menor medida de los servicios ecosistémicos que nos provee la naturaleza. “Esto es tan concreto como que la ciudad de Valdivia depende su abastecimiento de agua del estero Llancahue que está protegido por bosque nativo, para así producir agua pura en calidad y cantidad suficiente para la población en época de mayor demanda”, explica Antonio Lara, ingeniero forestal, doctor y profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral, quién ha estudiado durante años este tema.

Así, los bosques nativos son proveedores de estos servicios, asegurando el abastecimiento y calidad del agua; si existe bosque en la cabecera de la cuenca y en los bordes del cauce, se asegura el mantenimiento del proceso de purificación del agua, así como del mantenimiento del caudal. En este sentido, también entregan servicios importantes los cuerpos de agua dulce, los ríos, lagos, humedales. Estos últimos, precisa Antonio Lara, también entregan ejemplos concretos de los servicios que entrega la biodiversidad. Por ejemplo, la regulación de los flujos hídricos en la prevención de inundaciones en algunas ciudades depende en gran medida de los humedales que existen dentro de sus territorios, los que son capaces de retener y almacenar una gran cantidad de agua. Así, cuando hay lluvias intensas, esa agua drena hacia los humedales, luego ellos la liberan lentamente y no se producen inundaciones, con lo que juegan un rol de amortiguamiento o buffer.

“Aunque su relevancia es estratégica, en Chile no existe un sistema de pago por servicios ecosistémicos, es decir, no existe un mecanismo que contemple la aplicación de instrumentos económicos a propietarios que colaboran con el mantenimiento de estos servicios. Tampoco están incorporados en la legislación de manera que existan bonificaciones, pese a que hay métodos para determinar los valores económicos de estos servicios. La valoración económica por método indirecto por hectárea al año de bosque nativo que produce agua, en la cuenca Llancahue, es cercana a los 160 dólares”, puntualiza Antonio Lara.

En el caso de Chile, se da la paradoja que pese a ser uno de los países más investigados en servicios ecosistémicos, no se aplica en la práctica pago alguno. “En la región de Los Ríos hemos investigado que por cada 10 % de bosque nativo que se aumente en una cuenca, aumentan los caudales de verano de agua en un 14 %. En el caso de las plantaciones de pinos o eucaliptus, si yo aumento estas plantaciones en un 10 % el caudal de agua se reduce en un 20 %. Esto da una herramienta de manejo que no se puede obviar”, detalla Lara, agregando que en “el plano internacional hay bastantes estudios sobre el tema, como el de Robert Costanza y colaboradores, quienes son pioneros en el tema de servicios ecosistémicos. En un artículo publicado en 1997 en la revista Science estimaron que el valor económico total de los servicios ecosistémicos en todo el mundo es de 33 trillones de dólares al año”.

Si bien los servicios ecosistémicos son tangibles, se evidencia la ausencia de una política pública que valore y promueva el pago de estos servicios para que la conservación y/o gestión de la biodiversidad sea una tarea interesante desde el punto de vista económico. En todo caso, es fundamental entender y reconocer que la permanencia o existencia de estos servicios dependerá de la existencia y permanencia de los ecosistemas nativos y de su conservación, por ello “la propuesta concreta que desde la sociedad civil se viene difundiendo desde el año 2002, es promover esquemas de pagos por servicios ecosistémicos e incorporar en la legislación ambiental el reconocimiento y las bonificaciones adecuadas”, indica Antonio Lara, quien también es Presidente de la Fundación FORECOS, dedicada a la promoción, educación e información sobre servicios ecosistémicos en Chile.

Importantes cambios en la legislación que muchos esperaban que se empezaran a concretar cuando en enero de 2011 el Presidente Sebastián Piñera envió al Parlamento un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Con ello el mandatario daba cumplimiento al acuerdo suscrito cuando fue aprobada la reforma de la Institucionalidad Ambiental. “El propósito de esta iniciativa legal debería ser reunir en una sola institución pública las competencias hoy dispersas en varios ministerios en relación a la conservación y gestión de la biodiversidad y áreas protegidas de nuestro país”, detalla Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram.

Según la profesional, esta iniciativa legislativa pudo ser vista como un avance significativo, sin embargo el contenido del proyecto presentado por el Gobierno resultó ser insuficiente para cumplir con los objetivos mínimos encomendados. Debido a las fuertes críticas que recibió  este proyecto desde diversos sectores, los senadores de la Comisión Unida de Agricultura y Medio Ambiente, instancia en la cual recayó el estudio del texto legal, acordaron con el Gobierno conformar una Comisión Asesora Técnica para que, en conjunto con el Ejecutivo, se abocara a analizar la propuesta legal y generar mejoras. “Durante varios meses esta Comisión ha trabajado revisando el contenido del texto legal, aportando desde distintas visiones y experiencias para, en definitiva, generar una propuesta que efectivamente cumpla con los objetivos de conservación de la biodiversidad en los cuales Chile necesita avanzar y que son parte de los convenios y tratados suscritos por el país, ahora estamos a la espera que el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Medio Ambiente, presente una propuesta de texto legal que tenga como base lo discutido en esta comisión“, informó la Directora de Fundación Terram.

GEF-SIRAP

El Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) inició su trabajo en 2008 con el objetivo de aportar a la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad del bosque templado de las Regiones de Los Lagos y de Los Ríos, tomando como tarea prioritaria la implementación del primer Sistema Regional de Áreas Protegidas público-privado y terrestre en dichas regiones, con la activa participación de instituciones públicas y privadas. Se trata de una iniciativa  financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile.

“El Sistema Regional de Áreas Protegidas trabaja en el sur de Chile porque allí se encuentra la ecorregión de los bosques templados lluviosos de Sudamérica, considerado uno de los sitios más importantes de conservación a nivel mundial, por la rica diversidad de especies existentes y su endemicidad”, detalla Fernando Aizman, encargado de Conservación y Biodiversidad de SIRAP. Agrega que esta iniciativa presenta una serie de propuestas nuevas para ser incorporadas en el actual Sistema de Áreas Protegidas, distintas estrategias de conservación con una mirada territorial, las que se traducen en nuevas categorías de áreas protegidas, que obedecen a una realidad regional. De esta manera, se pretende que la mirada nacional que tiene el actual Sistema de Áreas Protegidas de paso a una institucionalidad más descentralizada, radicada en regiones, alojada en el gobierno regional o mediante una Corporación, donde confluyan satisfactoriamente actores públicos y privados vinculados a la conservación.

“Por ello, distintas estrategias o tipos de áreas protegidas intentan fortalecer, mejorar y hacer más integral el sistema actual y en ese sentido SIRAP propone dar cobertura a ciertos territorios que están desprotegidos y, por otro lado, incluye a nuevos actores claves que tienen competencia o responsabilidad en la conservación de la biodiversidad, como los gobiernos regionales, municipios, empresas, instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura con competencia en temas de recursos naturales”, precisa Aizman.

El Proyecto GEF-SIRAP ha desarrollado un proceso de reflexión participativa, que se ha plasmado en la implementación de proyectos pilotos en la Región de Los Lagos y Los Ríos, para probar la pertinencia y generar aprendizajes en torno a los Paisajes de Conservación, Zonas de Amortiguación, Áreas Protegidas de Pueblos Originarios, y entregando apoyo a la red de Áreas Protegidas Privadas.

El proyecto ha desarrollado experiencias puntuales en estos cuatro años, y una de estas experiencias es el Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro, una innovadora iniciativa de conservación fuera de las áreas protegidas. “Es conservación en territorio productivo, donde participan activamente los municipios de Los Lagos y Máfil, teniendo en cada municipio un profesional competente que actúa como punto de unión entre todos los actores participantes”, agrega Fernando Aizman.

CONSERVACIÓN PRIVADA COMUNITARIA

Desde hace algunos años, propietarios en distintos lugares de Chile han estado destinando terrenos o parte de ellos a la conservación a pequeña y gran escala, aplicando principios de desarrollo sustentable, enfocados en el ecoturismo o la conservación científica pura. Gracias a las reuniones coordinadas por el equipo profesional del proyecto GEF-SIRAP, en el año 2010 un grupo de propietarios vinculados a la conservación decidieron formar “Así Conserva Chile”, una asociación que integran 30 áreas protegidas, tres redes de propietarios de áreas protegidas, la Asociación de Parques Indígenas Mapu Lahual (que reúne a 10 comunidades), la red conservacionista de Contulmo, entre otros. En total suman cerca de 100 iniciativas de conservación privada comunitaria, que cubren unas 600 mil hectáreas. Bajo el lema “juntos podemos promover los intereses conservacionistas de todos los miembros”, llevan a cabo una labor que contempla educación, investigación, cuidado de especies en peligro, turismo sustentable, entre otras.

Este ejemplo de una iniciativa privada es una clara demostración de que en Chile existe una voluntad y un compromiso real por llevar a cabo acciones de conservación desde los propietarios privados, incluso pese al nulo interés o reconocimiento por parte del Estado.


Para ellos, resulta alentador que se haya aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre el Derecho Real de Conservación, iniciativa parlamentaria que tiene por objeto incorporar este derecho en el ordenamiento jurídico nacional. Este concepto es concebido como un derecho real que recae sobre un inmueble o una parte de él y que tiene por objeto destinar una propiedad privada o parte de ella a la conservación (Boletín nº 5823-07). En definitiva, implica gravar una propiedad para ciertos fines, en este caso conservación, que garantiza por un período mínimo de tiempo las voluntades de quienes son propietarios. En todo caso, esto no quita que, en opinión de Antonio Lara, “sea el Estado aquel que tenga el deber de conservar, esa es una obligación constitucional, debe ser el primer agente en mantener áreas protegidas bien administradas, cuidadas y en expansión, no puede delegar su rol, la conservación privada debe ser un complemento al rol del Estado”. El sustento de ésta opinión se ve normada en nuestra legislación, ya que de acuerdo al artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de Chile la biodiversidad es un bien público que pertenece a todos los chilenos, y el Estado tiene el deber de “tutelar la preservación de la naturaleza”.

OPORTUNIDADES

Chile tiene muchas condiciones para hacer conservación de su biodiversidad. Es un país pequeño, geográficamente aislado, lo cual le confiere características únicas, con especies altamente endémicas. Según la autoridad ambiental, se han descrito 30.679 especies y de ellas, entre el 22 % y el 25 % corresponden a especies endémicas del país —es decir, aquellas especies que son únicas y exclusivas de una zona o territorio determinado—, donde destacan grupos como los anfibios, de los que 65 % de las especies descritas son exclusivas de Chile, los reptiles (63 %), los peces de aguas continentales (55 %), plantas vasculares (50 %), entre otras (Fuente: CONAMA 2009).

Según explica la ecóloga Bárbara Saavedra, en otros países, como México y Costa Rica, existe un Ministerio de Medio Ambiente con años de trabajo, con gestiones muy claras en materia de gestión de biodiversidad y áreas protegidas, con una abultada inversión en éstas materias. A juicio de la profesional, Chile se queda atrás en esta material básicamente porque no cuenta con un fondo para biodiversidad, no existe una ley que reconozca este bien común, así como tampoco existe una institucionalidad pública que se haga cargo del tema. “Tenemos que reconocer que en Chile hay una gran capacidad institucional, si nos proponemos metas en la conservación como país lo vamos a lograr, ya que por el lado de las políticas públicas tenemos explícita interacción entre el mundo privado y el mundo público, los grandes actores relevantes en el tema, como no ocurre en otros países, eso debemos de potenciarlo y trabajar en forma conjunta para conservar nuestra rica biodiversidad”, puntualiza Saavedra.

En este escenario, el trabajo que realiza el proyecto GEF-SIRAP brinda importantes aportes, ya que apunta a que el Sistema de Áreas Protegidas sea más representativo de ecosistemas a nivel local y también a nivel institucional, articulando a todos los actores claves con competencia en la conservación de la biodiversidad, como los gobiernos regionales, municipios, empresas, comunidades indígenas, Ejército e instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura vinculados a temas de recursos naturales. De esta manera este importante trabajo de conservación puede continuar en el tiempo y alzarse como un sistema modelo que permita replicar experiencias de conservación similares en otras regiones del país.

Publicado el 31-10-2012 en El Mostrador

Chiloé: El principio precautorio, la Corte y un réquiem por las ballenas

publicado a la‎(s)‎ 12 ene. 2012 13:02 por Javier de la Calle

Aerogenerador
(8-01-2012)  Ocurrió. Aunque en el fondo esperaba que cuarenta años de evolución del  derecho ambiental hubieran permeado el criterio de nuestra Corte Suprema, amargamente he comprobado mi error y con fecha 3 de enero, se ha fallado contra las ballenas del Golfo de Ancud, contra la vida y cultura de las comunidades de las arenas de Puñihuil, contra principios básicos de justicia y derecho ambiental.
 
En Chile las resoluciones deben ser fundadas y fundadas en derecho. Los réquiems, tienden a ser largos y formales. Nuestro máximo tribunal no hizo ni o un ni lo otro.
 
En un fallo de menos de una plana y de tan sólo tres considerandos, da por tierra, valga la paradoja,  con las esperanzas de quienes asumimos la defensa de esos maravillosos mamíferos que reinan en el mar.
 
El fundamento: Que los compareciente “no indican de manera concreta en qué consiste el daño ambiental que habría de ocasionarse con motivo de la instalación y operación del proyecto ‘Parque Eólico Chiloé’  limitándose a señalar meras generalidades al respecto”.
 
Las “generalidades” señaladas pueden calificarse de cualquier cosa, menos de que no fueran concretas. Acompañamos un informe, exhaustivo y concluyente, realizado con un emocionante esfuerzo de jóvenes voluntarios de Ancud. En él se detallaban todos y cada uno de los efectos, significativos y graves, sobre personas, comunidades, monumentos ancestrales, formas de vida y criaturas, que el proyecto podía ocasionar, todos expresamente  previstos y protegidos por la ley ambiental chilena vigente.
 
Este documento se acompañó en tiempo y forma a los tribunales a los que ilusamente recurrimos de protección. Pero también lo vio una buena parte de la población chilena. Gracias al programa “Por qué en mi Jardín", las gentes de este país pudieron ver sus caras, la forma en que se gana el pan, respetando su tierra y sus aguas. Creo que nadie que viera el programa pudo evitar un escalofrió al pensar en los miles de pájaros que encontraran el final de un viaje que realizan hace millones de años, masacrados en las aspas de 56 ingenios, cada una del porte de una cancha de fútbol puesta en posición vertical y, casi con crueldad, en sus rutas de migración.
 
Otra “generalidad” fueron tres informes del Centro de Conservación Cetáceo. El primero acreditaba la presencia -en muchos casos única- de especies, amenazadas, en vías de extinción y, por cierto, declaradas monumentos naturales y protegidas por las leyes chilenas. El segundo, un detallado diagnostico de los efectos de los parques eólicos que se instalan en o en las cercanías del mar producen sobre las vías de migración, alimentación o reproducción de los mamíferos marinos. El tercero, un verdadero “ruego” de 42 científicos de la comunidad internacional, lo más reputado de la ciencia mundial en la materia, implorando que el Estado de Chile brindara amparo para estos mamíferos, que evitará la catástrofe ambiental que ocurrirá, si deja que el Parque se construya través de una simple Declaración de Impacto Ambiental, inapropiada, acomodaticia y falaz presentado por la empresa.
 
Además, nuestro máximo tribunal entiende que les va a corresponder a quienes están en posición de riesgo frente al daño -generalmente comunidades de gente sencilla o animales que solo tienen como defensa la buena voluntad de algunos abogados- sean quienes acrediten que el proyecto es nocivo.
 
La legislación internacional y, por cierto, la chilena, reconocen como principios rectores  y que deben  informar todo el resto del ordenamiento jurídico en materia ambiental, aquellos denominados precautorio y preventivo. En términos simples eso significa algo así como “si no sabe, no lo haga”.
 
Por tanto, deberá ser quien propone el proyecto, el que acredite de manera lógica, fehaciente y, de preferencia,  veraz que su proyecto no generara daño ambiental. Y no, por Dios, quienes están en una posición evidentemente desmedrada frente a consorcios y empresas gigantescas.
 
Además, esto tiene una razón jurídica monumental que se enraíza en los orígenes mismos del derecho. Su objeto  y esencia es evitar las arbitrariedades. Por ello, el derecho mira para atrás y  regula para el futuro.  
 
Una simple mirada al pasado, nos muestra que los humanos somos una especie arrogante, que en general –y sobre todo en materia ambiental- hemos tomado decisiones equivocadas, la mayor de las veces impuestas por la codicia de unos pocos y que han generado desastres ambientales que están poniendo en riesgo nuestro futuro como especie. Y regula hacia el futuro, en defensa de la sacrosanta irretroactividad de la Ley,  pero, especialmente, porque hecho el daño a nuestro entorno, es irrelevante la intervención de la ley.
 
Por eso, somos y seremos majaderos en reiterar que por mandato legal y constitucional, es quien va proponer la actividad el que tiene que acreditar que es sustentable y no quien sufre la carga ambiental quien, mas encima, deba acreditar que este es dañino o riesgoso.
 
Con todo, nuestra Corte al resolver que no ha habido acto ilegal o arbitrario por parte de una empresa que, simplemente, omitió que su proyecto se ubicaba en o las cercanías de las rutas de, quizás, las últimas ballenas que veremos por estas tierras; ni tampoco del órgano evaluador ambiental que no reparó en el “detalle” y aprobó el proyecto sin más análisis y fundamentos que los que la empresa le entregó –mis representados por disposición legal no tienen derecho ni a voz ni a voto-, deja a salvo “el derecho de los recurrentes frente a situaciones que pudieren producirse durante el desarrollo de la actividad discutida y que puedan afectarles”.
 
Esto significa que solo cuando se esté produciendo, o se haya producido, o se haga evidente el daño ambiental, podemos recurrir a tribunales o -quiera Dios que algún día funcione- a la Superintendencia de Medio Ambiente. Tienen mi palabra que el suscrito o quien tome mi lugar, redactará y peleará todas y cada una de las demandas por daño ambiental que sean necesarias si tocan a cualquiera criatura, una vez que “el parque” empiece a funcionar. 
 
Mientras, dirijo una humilde y respetuosa petición a Su Excelencia el señor Presidente de la República. Aún queda un recurso administrativo que puede anular el proceso de evaluación ambiental y que depende de su sola voluntad. Sus asesores están al tanto.
 
No para que el Parque no se haga. No tenemos nada contra la energía eólica. Lo que hemos pedido -y se nos ha negado- es que se  realice un estudio acabado y riguroso, lo que la ley chilena llama Estudio de Impacto Ambiental, en que se acredite, conforme a la ley, que el proyecto es inocuo. Si no los es, que el nivel de impacto que produce sea mitigable, reparable y/o compensable. Y  de no ser así, se modifique hasta que cumpla con los requisitos legales.
 
Aprendí mucho de cetáceos en la defensa de “nuestros hermanos pequeños”, como decía San Francisco de Asís. Toda su vida depende del sentido de la audición. Espero no tener que despedirme para siempre de ellas, desde una arena de Mar Brava, escuchando tristemente el Réquiem de Mozart.

Publicado por Juan Alberto Molina el 8-01-2012 en www.elquintopoder.cl

Una ballena franca, su cría y la gente por la que vale la pena ser abogado

publicado a la‎(s)‎ 29 ago. 2011 14:31 por Javier de la Calle

Llueve en las calles de Ancud y 40 personas me esperan.

Comuneros Williches me reprenden con la ternura de su mirada y me hacen ver con su silencio, lo innecesario, con solo ver mis rasgos, de contarles que mi abuela también lo era.

Mientras, me asombra la voluntad y despliegue de fortaleza de una pequeña agricultora de hermosos ojos. Desafiante, convencida y con la arrogancia que tienen quienes siguen buenas causas, ha juntado aquí a risueñas sindicalistas macheras y a alemanes gigantes que se quedaron para siempre hechizados por la vastedad en las tierras del Sur de mi patria.

Tres señoras me ríen, agradeciéndome estar aquí.

Y soy yo quien se deslumbra por la fortaleza y calidez de sus manos.

Son gente de las arenas Puñihuil, de la costa de Chiloé, la que mira al Pacifico. Toman su pan de la Tierra, llevando a chilenos y a gringos, a conocer esas dunas desde donde  se toma el bote para poder ir a conocer las pinguineras donde se amparan los últimos pájaros que nadan en el Mar y que llevan el apellido de Humboldt.

2 cabros me dan una clase de doctorado sobre aves migratorias y me abren los ojos sobre la infinita crueldad de instalar 56 molinos de viento, en una de las últimas rutas que pequeños emplumados utilizan, desde hace eones, para traer a sus retoños a nacer en el fin del mundo

Cruzo el Canal de Chacao llevando en un Recurso de Protección que me pesa como una piedra en el corazón, sus esperanzas de justicia y me siento insignificante ante su increíble responsabilidad de guardianes de la Naturaleza de la que se sienten parte.

Miro el mar, gris, herido de aceites y del trazo de nuestros barcos y redes y no dejo de pensar en la amplia sonrisa de una protectora de gigantes marinos.

Me queda en el alma la historia de una de las últimas ballenas francas, a la que se avisto este verano con su cría. Perseguidas hasta el hartazgo, masacradas por nuestra codicia y crueldad, vuelven a estas aguas, quizás si con la esperanza de que esos primates que llevamos caminando en nuestros dos pies, apenas un suspiro en el mar de los tiempos, hayamos aprendido a comportarnos como seres racionales.

21 planas que he escrito para llevar a la Corte de Puerto Montt y los modestos conocimientos que he acumulado en mis años de leyes, son incapaces de contener tan solo una letra del infinito abecedario con que estas maravillosas personas me han ayudado a empezar a deletrear  la palabra derecho y a por fin saber porque vale la pena ser Abogado.

Publicado por Juan Alberto Molina el 28 de agosto de 2011 en elquintopoder.cl

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