(Análisis de la Fundación Terram) El concepto de diversidad biológica está definido por el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (CDB) como: “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos que forman parte de ellos; comprende también la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas”. Es decir, la diversidad biológica es la variedad de seres vivos existentes en el planeta, la que comprende  ecosistemas, especies y genes.

Pese a la relevancia de la biodiversidad, pocos entienden lo que significa y menos aún lo que implica; todo parece indicar que no nos damos cuenta de la importancia que tiene el mantenimiento o la conservación de la biodiversidad para sostener los equilibrios en la naturaleza y, en definitiva, garantizar la sobrevivencia de la especie humana sobre el planeta. En efecto, parece ser que no vemos la estrecha relación existente entre la biodiversidad o las diversas formas de vida y el bienestar humano, la relación entre ecosistemas y el bienestar de las economías y de las ciudades, a pesar de que los grandes instituciones del mundo, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), da cuenta de la importancia crítica de asegurar y mantener el bienestar de la población y de las economías.

El hito que inicia la incorporación del concepto de biodiversidad en las instancias de decisión pública de muchos países es la suscripción y posterior ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica que se adoptó en la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro el año 1992, y de la cual este año se conmemoran 20 años. Nuestro país asistió a dicha  Cumbre y suscribió el Convenio de la Biodiversidad, que fue luego ratificado el año 1994. Con la adhesión a este acuerdo, Chile se incorpora formalmente a la preocupación mundial por la pérdida de la diversidad biológica establecida en la Cumbre de la Tierra. Otra manifestación de Chile por ponerse al día en temáticas ambientales, fue la promulgación el año 1994 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Según señala en sus conclusiones el Informe sobre la Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile realizada por la OCDE y dado a conocer en el 2005, “la protección de la naturaleza en Chile no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica del país. No hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación” (Informe sobre la Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile, Capítulo Nº 4, Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad Biológica, página 101).

Transcurridos siete años de la evaluación de la OCDE a nuestro desempeño ambiental, el panorama no se ha modificado favorablemente. Seguimos sin contar con una institucionalidad especializada y las competencias están dispersas en muchos servicios públicos; además a la fecha no tenemos una ley de protección de la biodiversidad y/o naturaleza, lo cual nos pone en desventaja en relación a otros países de la región.

A nivel global, la pérdida de la biodiversidad es tangible, según la última actualización de la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas, publicada el 19 de junio 2012 —en la víspera de la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro, Brasil entre el 20 y 22 de junio 2012— establece que de las 63.837 especies evaluadas, 19.817 están en peligro de extinción, incluyendo el 41 % de anfibios, el 33 % de los corales formadores de arrecifes, el 25 % de los mamíferos, el 13 % de las aves y el 30 % de las coníferas.

Según argumentan entendidos en el tema, estas elocuentes cifras han detonado una crisis global, “producto de la falta de conservación y de la mala gestión en la conservación de la biodiversidad, estamos en presencia de una crisis importante, nos damos cuenta de la existencia de la biodiversidad cuando se pierde y muchas veces es muy tarde para la recuperación”, explica Bárbara Saavedra, presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL), quien agrega que muchos por desconocimiento no ven aún esta crisis que ya entrega importantes señales, como la sequía por la que atraviesan varias zonas del país, en gran medida causada por la mala gestión en la biodiversidad vegetal que protege las cuencas y recupera naturalmente los acuíferos. “No sólo se trata de tener buena gestión de los derechos de agua sino de preservar efectivamente el recurso. Lo mismo ocurre en el sector pesquero, no se trata de tener claridad en las cuotas de pesca asignadas, sino en preservar las especies marinas existentes”, precisa Saavedra.

En 1980, la Estrategia Mundial para la Conservación definió el término Conservación como: “la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal manera que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones” (IUCN/PNUMA/WWF, 1980). Lamentablemente, el desconocimiento en materia de conservación de la biodiversidad, incluida la gestión de la misma, es un problema no sólo de Chile, sino que es quizás uno de los desafíos más grande que tiene la humanidad, lo que genera oportunidades para implementar mejoras y cambios. Más aún si Chile quiere dar cumplimiento a los Objetivos del Milenio propuestos por la ONU para el 2015, que señalan la intención de “haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica”. Un desafío para el país, ya que según el Informe del Estado del Medio Ambiente 2011 del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, publicado en junio de 2012, Chile carece de información suficiente respecto al estado de su biodiversidad, ya sea de especies o de ecosistemas.

Esto debería impulsar a la autoridad a actuar, generando mayor sistematización de información dispersa, así como incentivos para que los científicos completen información básica hoy inexistente. Es evidente que sin información no se pueden tomar decisiones y por tanto, lo que corresponde es aplicar el “principio precautorio”, definido en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, si no hay información suficiente los gobiernos no deben permitir actividades que pueden dañar en forma grave o irreversible la naturaleza.

A diario todos disfrutamos de los servicios ecosistémicos que nos entrega la naturaleza y dependemos de ellos. Por ejemplo, los ecosistemas nos proveen de agua y alimento, regulan el clima para la vida, nos entregan paisajes para desarrollar en ellos actividades de recreación al aire libre. Toda esta entrega y disfrute es posible porque hay una variedad de ecosistemas que sostienen estos servicios. Los servicios ecosistémicos han sido definidos en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) como “los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas sean económicos o culturales”.

Aunque no tengamos conciencia de ello, en la base de todos los sistemas productivos están los ecosistemas; todas las formas de producción dependen en mayor o menor medida de los servicios ecosistémicos que nos provee la naturaleza. “Esto es tan concreto como que la ciudad de Valdivia depende su abastecimiento de agua del estero Llancahue que está protegido por bosque nativo, para así producir agua pura en calidad y cantidad suficiente para la población en época de mayor demanda”, explica Antonio Lara, ingeniero forestal, doctor y profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral, quién ha estudiado durante años este tema.

Así, los bosques nativos son proveedores de estos servicios, asegurando el abastecimiento y calidad del agua; si existe bosque en la cabecera de la cuenca y en los bordes del cauce, se asegura el mantenimiento del proceso de purificación del agua, así como del mantenimiento del caudal. En este sentido, también entregan servicios importantes los cuerpos de agua dulce, los ríos, lagos, humedales. Estos últimos, precisa Antonio Lara, también entregan ejemplos concretos de los servicios que entrega la biodiversidad. Por ejemplo, la regulación de los flujos hídricos en la prevención de inundaciones en algunas ciudades depende en gran medida de los humedales que existen dentro de sus territorios, los que son capaces de retener y almacenar una gran cantidad de agua. Así, cuando hay lluvias intensas, esa agua drena hacia los humedales, luego ellos la liberan lentamente y no se producen inundaciones, con lo que juegan un rol de amortiguamiento o buffer.

“Aunque su relevancia es estratégica, en Chile no existe un sistema de pago por servicios ecosistémicos, es decir, no existe un mecanismo que contemple la aplicación de instrumentos económicos a propietarios que colaboran con el mantenimiento de estos servicios. Tampoco están incorporados en la legislación de manera que existan bonificaciones, pese a que hay métodos para determinar los valores económicos de estos servicios. La valoración económica por método indirecto por hectárea al año de bosque nativo que produce agua, en la cuenca Llancahue, es cercana a los 160 dólares”, puntualiza Antonio Lara.

En el caso de Chile, se da la paradoja que pese a ser uno de los países más investigados en servicios ecosistémicos, no se aplica en la práctica pago alguno. “En la región de Los Ríos hemos investigado que por cada 10 % de bosque nativo que se aumente en una cuenca, aumentan los caudales de verano de agua en un 14 %. En el caso de las plantaciones de pinos o eucaliptus, si yo aumento estas plantaciones en un 10 % el caudal de agua se reduce en un 20 %. Esto da una herramienta de manejo que no se puede obviar”, detalla Lara, agregando que en “el plano internacional hay bastantes estudios sobre el tema, como el de Robert Costanza y colaboradores, quienes son pioneros en el tema de servicios ecosistémicos. En un artículo publicado en 1997 en la revista Science estimaron que el valor económico total de los servicios ecosistémicos en todo el mundo es de 33 trillones de dólares al año”.

Si bien los servicios ecosistémicos son tangibles, se evidencia la ausencia de una política pública que valore y promueva el pago de estos servicios para que la conservación y/o gestión de la biodiversidad sea una tarea interesante desde el punto de vista económico. En todo caso, es fundamental entender y reconocer que la permanencia o existencia de estos servicios dependerá de la existencia y permanencia de los ecosistemas nativos y de su conservación, por ello “la propuesta concreta que desde la sociedad civil se viene difundiendo desde el año 2002, es promover esquemas de pagos por servicios ecosistémicos e incorporar en la legislación ambiental el reconocimiento y las bonificaciones adecuadas”, indica Antonio Lara, quien también es Presidente de la Fundación FORECOS, dedicada a la promoción, educación e información sobre servicios ecosistémicos en Chile.

Importantes cambios en la legislación que muchos esperaban que se empezaran a concretar cuando en enero de 2011 el Presidente Sebastián Piñera envió al Parlamento un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Con ello el mandatario daba cumplimiento al acuerdo suscrito cuando fue aprobada la reforma de la Institucionalidad Ambiental. “El propósito de esta iniciativa legal debería ser reunir en una sola institución pública las competencias hoy dispersas en varios ministerios en relación a la conservación y gestión de la biodiversidad y áreas protegidas de nuestro país”, detalla Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram.

Según la profesional, esta iniciativa legislativa pudo ser vista como un avance significativo, sin embargo el contenido del proyecto presentado por el Gobierno resultó ser insuficiente para cumplir con los objetivos mínimos encomendados. Debido a las fuertes críticas que recibió  este proyecto desde diversos sectores, los senadores de la Comisión Unida de Agricultura y Medio Ambiente, instancia en la cual recayó el estudio del texto legal, acordaron con el Gobierno conformar una Comisión Asesora Técnica para que, en conjunto con el Ejecutivo, se abocara a analizar la propuesta legal y generar mejoras. “Durante varios meses esta Comisión ha trabajado revisando el contenido del texto legal, aportando desde distintas visiones y experiencias para, en definitiva, generar una propuesta que efectivamente cumpla con los objetivos de conservación de la biodiversidad en los cuales Chile necesita avanzar y que son parte de los convenios y tratados suscritos por el país, ahora estamos a la espera que el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Medio Ambiente, presente una propuesta de texto legal que tenga como base lo discutido en esta comisión“, informó la Directora de Fundación Terram.

El Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) inició su trabajo en 2008 con el objetivo de aportar a la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad del bosque templado de las Regiones de Los Lagos y de Los Ríos, tomando como tarea prioritaria la implementación del primer Sistema Regional de Áreas Protegidas público-privado y terrestre en dichas regiones, con la activa participación de instituciones públicas y privadas. Se trata de una iniciativa  financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile.

“El Sistema Regional de Áreas Protegidas trabaja en el sur de Chile porque allí se encuentra la ecorregión de los bosques templados lluviosos de Sudamérica, considerado uno de los sitios más importantes de conservación a nivel mundial, por la rica diversidad de especies existentes y su endemicidad”, detalla Fernando Aizman, encargado de Conservación y Biodiversidad de SIRAP. Agrega que esta iniciativa presenta una serie de propuestas nuevas para ser incorporadas en el actual Sistema de Áreas Protegidas, distintas estrategias de conservación con una mirada territorial, las que se traducen en nuevas categorías de áreas protegidas, que obedecen a una realidad regional. De esta manera, se pretende que la mirada nacional que tiene el actual Sistema de Áreas Protegidas de paso a una institucionalidad más descentralizada, radicada en regiones, alojada en el gobierno regional o mediante una Corporación, donde confluyan satisfactoriamente actores públicos y privados vinculados a la conservación.

“Por ello, distintas estrategias o tipos de áreas protegidas intentan fortalecer, mejorar y hacer más integral el sistema actual y en ese sentido SIRAP propone dar cobertura a ciertos territorios que están desprotegidos y, por otro lado, incluye a nuevos actores claves que tienen competencia o responsabilidad en la conservación de la biodiversidad, como los gobiernos regionales, municipios, empresas, instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura con competencia en temas de recursos naturales”, precisa Aizman.

El Proyecto GEF-SIRAP ha desarrollado un proceso de reflexión participativa, que se ha plasmado en la implementación de proyectos pilotos en la Región de Los Lagos y Los Ríos, para probar la pertinencia y generar aprendizajes en torno a los Paisajes de Conservación, Zonas de Amortiguación, Áreas Protegidas de Pueblos Originarios, y entregando apoyo a la red de Áreas Protegidas Privadas.

El proyecto ha desarrollado experiencias puntuales en estos cuatro años, y una de estas experiencias es el Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro, una innovadora iniciativa de conservación fuera de las áreas protegidas. “Es conservación en territorio productivo, donde participan activamente los municipios de Los Lagos y Máfil, teniendo en cada municipio un profesional competente que actúa como punto de unión entre todos los actores participantes”, agrega Fernando Aizman.

Desde hace algunos años, propietarios en distintos lugares de Chile han estado destinando terrenos o parte de ellos a la conservación a pequeña y gran escala, aplicando principios de desarrollo sustentable, enfocados en el ecoturismo o la conservación científica pura. Gracias a las reuniones coordinadas por el equipo profesional del proyecto GEF-SIRAP, en el año 2010 un grupo de propietarios vinculados a la conservación decidieron formar “Así Conserva Chile”, una asociación que integran 30 áreas protegidas, tres redes de propietarios de áreas protegidas, la Asociación de Parques Indígenas Mapu Lahual (que reúne a 10 comunidades), la red conservacionista de Contulmo, entre otros. En total suman cerca de 100 iniciativas de conservación privada comunitaria, que cubren unas 600 mil hectáreas. Bajo el lema “juntos podemos promover los intereses conservacionistas de todos los miembros”, llevan a cabo una labor que contempla educación, investigación, cuidado de especies en peligro, turismo sustentable, entre otras.

Este ejemplo de una iniciativa privada es una clara demostración de que en Chile existe una voluntad y un compromiso real por llevar a cabo acciones de conservación desde los propietarios privados, incluso pese al nulo interés o reconocimiento por parte del Estado.

Para ellos, resulta alentador que se haya aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre el Derecho Real de Conservación, iniciativa parlamentaria que tiene por objeto incorporar este derecho en el ordenamiento jurídico nacional. Este concepto es concebido como un derecho real que recae sobre un inmueble o una parte de él y que tiene por objeto destinar una propiedad privada o parte de ella a la conservación (Boletín nº 5823-07). En definitiva, implica gravar una propiedad para ciertos fines, en este caso conservación, que garantiza por un período mínimo de tiempo las voluntades de quienes son propietarios. En todo caso, esto no quita que, en opinión de Antonio Lara, “sea el Estado aquel que tenga el deber de conservar, esa es una obligación constitucional, debe ser el primer agente en mantener áreas protegidas bien administradas, cuidadas y en expansión, no puede delegar su rol, la conservación privada debe ser un complemento al rol del Estado”. El sustento de ésta opinión se ve normada en nuestra legislación, ya que de acuerdo al artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de Chile la biodiversidad es un bien público que pertenece a todos los chilenos, y el Estado tiene el deber de “tutelar la preservación de la naturaleza”.

Chile tiene muchas condiciones para hacer conservación de su biodiversidad. Es un país pequeño, geográficamente aislado, lo cual le confiere características únicas, con especies altamente endémicas. Según la autoridad ambiental, se han descrito 30.679 especies y de ellas, entre el 22 % y el 25 % corresponden a especies endémicas del país —es decir, aquellas especies que son únicas y exclusivas de una zona o territorio determinado—, donde destacan grupos como los anfibios, de los que 65 % de las especies descritas son exclusivas de Chile, los reptiles (63 %), los peces de aguas continentales (55 %), plantas vasculares (50 %), entre otras (Fuente: CONAMA 2009).

Según explica la ecóloga Bárbara Saavedra, en otros países, como México y Costa Rica, existe un Ministerio de Medio Ambiente con años de trabajo, con gestiones muy claras en materia de gestión de biodiversidad y áreas protegidas, con una abultada inversión en éstas materias. A juicio de la profesional, Chile se queda atrás en esta material básicamente porque no cuenta con un fondo para biodiversidad, no existe una ley que reconozca este bien común, así como tampoco existe una institucionalidad pública que se haga cargo del tema. “Tenemos que reconocer que en Chile hay una gran capacidad institucional, si nos proponemos metas en la conservación como país lo vamos a lograr, ya que por el lado de las políticas públicas tenemos explícita interacción entre el mundo privado y el mundo público, los grandes actores relevantes en el tema, como no ocurre en otros países, eso debemos de potenciarlo y trabajar en forma conjunta para conservar nuestra rica biodiversidad”, puntualiza Saavedra.

En este escenario, el trabajo que realiza el proyecto GEF-SIRAP brinda importantes aportes, ya que apunta a que el Sistema de Áreas Protegidas sea más representativo de ecosistemas a nivel local y también a nivel institucional, articulando a todos los actores claves con competencia en la conservación de la biodiversidad, como los gobiernos regionales, municipios, empresas, comunidades indígenas, Ejército e instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura vinculados a temas de recursos naturales. De esta manera este importante trabajo de conservación puede continuar en el tiempo y alzarse como un sistema modelo que permita replicar experiencias de conservación similares en otras regiones del país.